El consejero de Turismo y Consumo, José Pablo Ruiz Abellán, firmó hoy los convenios de colaboración para la promoción de políticas de defensa del consumidor en Totana, Abarán, Torre Pacheco, Las Torres de Cotillas, Cehegín, Puerto Lumbreras, Moratalla, Molina de Segura y Mula, por importe de 119.841 euros, que forman parte de un montante general que asciende a 381.600 euros, destinados a prestar un servicio público y gratuito de defensa del consumidor en 34 municipios.

Estas ayudas se dedicarán a subvencionar las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), que prestan un servicio de gestión de reclamaciones, incluyendo las funciones de mediación y conciliación. Las OMIC ofrecen, además, un servicio gratuito de asesoría jurídica. Por otra parte, los ayuntamientos se comprometen a realizar campañas puntuales de Información al Consumidor con motivo del Día Mundial del Consumidor, la temporada de verano y Navidad. Según los acuerdos que se han suscrito, las corporaciones municipales también llevarán a cabo la colaboración con el Programa Regional de Inspección de Consumo (PREVIENE).

En cuanto a las actividades de formación del consumidor que se han programado en estos municipios, estarán dirigidas a alumnos de los centros docentes no universitarios. En los convenios firmados se contempla, así mismo, que los ayuntamientos realicen encuestas, estudios de mercado y análisis comparativos de Consumo.

En las Oficinas del Consumidor los ciudadanos reciben información, ayuda y orientación para el adecuado ejercicio de sus derechos como consumidores y usuarios. En particular, se ofrece información sobre consulta en materia de consumo, direcciones, teléfonos y principales funciones de los centros públicos o privados de interés para los consumidores, recepción e interposición de quejas, denuncias y reclamaciones escritas en materia de Consumo.

En general, se realizan consultas o plantean reclamaciones respecto de temas tan cotidianos como la compra o el alquiler de vivienda, servicios de reparación, suministros públicos de agua, luz, telefonía o gas, tintorerías, agencias de viajes, garantías o ventas en comercios, siempre que el producto o servicio en cuestión se utilice para uso particular, familiar o colectivo y que el proveedor tenga carácter empresarial o profesional o sea la Administración.