Para Izquierda Unida-Verdes el "plan de ajuste" aprobado supone una vuelta de tuerca más al bolsillo de los vecinos de Puerto Lumbreras, ya que en el capitulo de los ingresos presenta una subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de un 10 % anual, afectando también a los Impuestos de Actividades Económicas (IAE) y al de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) con una subida en ambos casos de un 1%. Igualmente el plan plantea la revisión de precios públicos de determinados servicios que presta el ayuntamiento.

En el capítulo de gastos lo más llamativo para la formación es que el "plan de ajuste" establece que a partir del 2015 no se llevará a cabo ninguna inversión, además anuncia recortes en determinados servicios públicos como el que se aplicará en el de Recogida de Basuras y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. Igualmente se establece la reducción de las ayudas que reciben las Sociedades municipales o las asociaciones locales.

En palabras de Víctor Romera, Portavoz de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras "con estas subidas de impuestos y tasas además de afectar directamente a los ciudadanos, se perjudicará y condicionará el desarrollo económico del municipio en los próximos años, perjudicando al tejido empresarial de Puerto Lumbreras y afectando negativamente a la creación de empleo, ya que estas medidas tendrán una incidencia directa en sectores como la construcción o el sector servicios, que por tanto tendrá más difícil su salida de la crisis, su recuperación económica y en definitiva la creación de empleo."

La relación de facturas impagadas a proveedores que presenta el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras alcanza los 6.782.494,65 Euros, que unidos a los 6.524.910,91 Euros que se presentaban en los presupuestos generales del 2012 por parte de la corporación, supone que la deuda total de nuestro Ayuntamiento con las entidades financiera, sin tener en cuenta los intereses, superará los 13 millones de euros, lo que pone al ayuntamiento en una situación muy delicada y que hará inviable la finalización de muchas de las obras iniciadas o comprometidas y el recorte de servicios públicos en un futuro. Todo ello sin tener en cuenta que los Presupuestos Generales del Estado y de la CC.AA. implican a su vez importantes ajustes en el gasto y en el dinero del que se dispondrá para hacer frente a servicios e inversiones que asumen los Ayuntamientos.