Con esta medida el consistorio pretende coordinar recursos e instrumentos para asegurar la prevención de los hechos en materia de violencia de género, garantizar un mejor cumplimiento de las medidas judiciales y proteger a las víctimas de violencia doméstica y de género de forma más efectiva.

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, a través de la concejalía de Seguridad Ciudadana y la concejalía de Igualdad de Oportunidades, ha aprobado en Pleno municipal la adhesión de Puerto Lumbreras al Protocolo de Colaboración y Coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de la Policía Local para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género.

Concretamente, esta mañana la concejala de Seguridad Ciudadana, Dolores Arenas, junto con la concejala de Igualdad de Oportunidades, Lina Gázquez, han presentado en rueda de prensa la adhesión del municipio a este Protocolo de Colaboración y Coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local. Se trata de una iniciativa propuesta por el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias que pretende velar por la protección de las víctimas de violencia de género.

En este sentido, el objetivo que se pretende con esta medida es coordinar recursos e instrumentos para asegurar la prevención de los hechos en esta materia, garantizar un mejor cumplimiento de las medidas judiciales y proteger a las víctimas de violencia doméstica y de género de forma más efectiva.

"Los poderes públicos debemos coordinar nuestros esfuerzos para proteger a las víctimas y afectados por la violencia de género. Así, con este Protocolo se establecerá un procedimiento rápido y seguro de intercambio de información entre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el Cuerpo de Policía Local, ha destacado Dolores Arenas, concejala de Seguridad Ciudadana.

De este modo, el Protocolo de colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local se basará en: proporcionar a las víctimas una respuesta policial con mayor rapidez en situaciones de riesgo, evitar la duplicidad de intervenciones, ofrecer a la víctima información clara sobre sus derechos y recursos, así como garantizar la coordinación y colaboración con los recursos públicos y no gubernamentales dedicados al apoyo jurídico y psicosocial de las víctimas.