Los socialistas se opondrán al otorgamiento de licencia de obras para la construcción de una gasolinera junto a viviendas habitadas, construcción que ya se está llevando a cabo en la Avda. Juan Carlos I, con el beneplácito del PP.

Los socialistas lumbrerenses consideran que las unidades de suministro de carburantes (gasolineras) deben instalarse fuera de las zonas residenciales, en zonas comerciales o industriales, o cuanto menos, a más de 100 metros de cualquier vivienda. Según manifiestan, esto no supone un bloqueo en la actividad económica del municipio, al contrario, una adecuada ordenación del municipio redunda en el bienestar de los ciudadanos y con ello en el futuro económico.

El proyecto para instalar un lavadero de coches con un surtidor de combustible de 40.000 litros de gasóleo más otros 20.000 litros de gasolina, con dos surtidores y ocho mangueras, provisto de sistema de cobro mediante tarjetero, que se pretende instalar en la Avenida Juan Carlos I, en una zona residencial, va en contra de la salud y el bienestar de sus vecinos.

La última palabra la tiene el Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, pero desde el Partido Socialista se va a votar en contra de la licencia de obras que supondría la apertura de una infraestructura que puede generar, según los Socialistas Lumbrerenses, una actividad "molesta, ya que se manejan productos nocivos y peligrosos para la salud humana"

Desde el Partido Socialista de Puerto Lumbreras se recuerdan los riesgos derivados del almacenamiento de grandes cantidades de productos inflamables y contaminantes, en este caso, 40.000 litros de gasoil y 20.000 de gasolina, así como los riesgos derivados de la inhalación continuada de gases nocivos como el benceno, muy presente en estas instalaciones.

Según la Secretaría General del Partido Socialista, María Rosa García, esta situación es "una demostración más del desastre urbanístico de la localidad, un desastre generado en los quince años de gestión del Partido Popular en la localidad, que permite que se construya una instalación de este tipo junto a las viviendas en una zona residencial, mientras los vecinos de la zona no pueden construir ni una sola vivienda por la incompetente e ilegal gestión urbanística del municipio.